Los programas de vigilancia de comunicaciones telefónicas e internet, en Estados Unidos, representan una clara violación al derecho a la privacidad consagrado en la Constitución estadounidense y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque sus defensores consideran que este espionaje es legal porque es avalado por la ley Patriótica -aprobada tras los atentados del 11-S- la legitimidad de la misma es cuestionable, ya que infringe derechos fundamentales para salvaguardar la seguridad nacional. Aun se argumente que no se bucea en el contenido de las conversaciones, es difícil determinar su alcance por manejarse como secreto de estado, en una clara transgresión al principio democrático de rendición de cuentas. Asimismo, se desconoce si a los sospechosos identificados por el sistema se les aplica un debido proceso, partiendo de la presunción de inocencia. Con este exceso de poder en manos del Gobierno, se corre el riesgo de que se utilice en contra de oponentes políticos, …
